Juez federal bloquea restricciones migratorias de Trump a 39 países

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este viernes las severas restricciones a la inmigración legal impuestas por la administración de Donald Trump, que afectaban a nacionales de 39 países.

El juez de distrito John McConnell determinó que las medidas, que limitaban solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes (green cards) y procesos de naturalización, son ilegales.

“Desde la implementación de estas restricciones, a las personas provenientes de estos países se les ha impedido de manera categórica recibir resoluciones definitivas sobre sus solicitudes migratorias”, señaló el magistrado en su fallo.

El juez hizo referencia a una publicación en X de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que recomendaba al presidente Trump una “prohibición total de viajes” contra todos los países que, según ella, habían “inundado” Estados Unidos con “asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo”.

Esta recomendación se tradujo rápidamente en acciones concretas. Las solicitudes de green cards y naturalización fueron suspendidas para ciudadanos de los países más pobres del mundo.

Doce naciones ya enfrentaban una prohibición total de entrada desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. A estos se sumaron otras siete (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela) con fuertes limitaciones en visados. En diciembre de 2025 se agregaron veinte países más a la lista restrictiva.

El juez McConnell criticó duramente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), acusándolo de utilizar “preocupaciones de seguridad nacional” como pretexto para encubrir prejuicios contra los inmigrantes.

Aunque la administración Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus principales prioridades —calificándola incluso de “invasión”—, varias de sus políticas más agresivas, incluyendo las deportaciones masivas, han sido frenadas o limitadas por decisiones judiciales.

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